“Fue un crimen de lesa humanidad que aún está impune”

El ataque de la aviación de la Marina del 16 de junio de 1955 fue el preludio del golpe de Estado que derrocó al gobierno constitucional de Perón y marcó a fuego un modus operandi de las fuerzas armadas que luego haría carne trágicamente la dictadura de 1976-1983.

El 16 de junio de 1955 se produjo el bombardeo de la Plaza de Mayo. Una acción terrorista inédita hasta entonces en nuestro país, instrumentada por un grupo de militares y civiles decididos a poner fin a la democracia de masas y a las conquistas sociales instrumentadas durante los dos primeros gobiernos del general Perón (1945-1955). Aunque su objetivo declarado consistía en asesinar al presidente argentino, los conspiradores no estaban dispuestos a reparar en los costos humanos y materiales de su acción. “Fue un crimen de lesa humanidad que aún está impune”, afirmó el historiador. “Fue un mensaje, si se seguía con el peronismo iban a seguir sucediendo este tipo de acciones”, aseveró Lettieri.

Si bien Perón resultó ileso, al retirarse al Ministerio de Guerra, fueron contabilizados 308 cadáveres y más de 700 personas resultaron heridas. Según la investigación realizada en 2010  por el Archivo Nacional de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos, también se registró un número incierto de víctimas cuyos cadáveres no lograron identificarse, como consecuencia de las mutilaciones y carbonización causadas por las deflagraciones. “Había obreros que estaban manifestando, 43 niños de San Juan en un micro que habían venido a conocer Plaza de Mayo”, era un día más, relató el ensayista.

La acción terrorista estuvo caracterizada por la violencia y el odio social nutrido por una minoría privilegiada que se negaba a aceptar los significativos avances registrados en la inclusión social y la redistribución del ingreso que experimentó la Argentina a partir de 1943, y consideraba que la eliminación del general Perón traería aparejado un súbito retorno a las condiciones de desigualdad y explotación de las mayorías que la habían precedido. A su juicio, la democracia popular implicaba un modelo inaceptable y decadente, que legitimaba cualquier clase de acción que se implementara con el fin de desactivarla. “Tuvieron apoyo del sector eclesiástico también”, afirmó el historiador.

A partir de 1951, la oposición más recalcitrante había impulsado diversas acciones para poner fin al gobierno popular y acabar con la vida de Perón. Ese año, el general Menéndez había intentado liderar un golpe de Estado, que finalmente fracasó. Al año siguiente, Perón era reelecto con el 62,49 por ciento de los votos. Toda una definición de la profunda grieta que atravesaba a la sociedad argentina.

En 1953, el presidente argentino salió indemne de un intento de ametrallamiento aéreo del avión en que viajaba, impulsado por la Marina, y el 15 de abril se produjo un atentado en Plaza de Mayo durante un acto de la CGT, con un saldo de seis muertos y 95 heridos, veinte de los cuales quedaron lisiados por el resto de sus vidas. Un año después, en 1954, un grupo de oficiales había planificado detener y fusilar a Perón durante una visita a la VII Brigada Aérea de Morón, a la que finalmente el primer mandatario argentino no asistió.

Mientas pasaba el tiempo y las conquistas sociales se consolidaban, el odio social de las minorías que experimentaban una drástica devaluación de sus privilegios iba en ascenso. El bombardeo de 1955 fue minuciosamente planificado por la Marina a partir de 1953, con la participación de civiles que formaban parte de la oposición y de las clases propietarias tradicionales. Bombarderos navales debían arrasar la Plaza de Mayo y sus cercanías, para poner fin a sangre y fuego a la democracia popular y a su líder con las armas que ese mismo pueblo les había confiado para defenderlo.

El articulador de la acción terrorista fue Raúl Lamuraglia, un empresario de alto predicamento en la UCR y muy próximo al establishment estadounidense, quien contó con el respaldo de Alberto Gainza Paz y del presidente uruguayo Batlle Berres, ya que el destino final de los aviones terroristas sería el territorio de la nación vecina. En noviembre de 1954, tuvo lugar una reunión de los complotados en la quinta de Lamuraglia en Bella Vista, de la que participaron los marinos Jorge Bassi –que había propuesto el plan–, Francisco Manrique, Néstor Noriega, el ex capitán del ejército Walter Viader, Carlos Bruzzone, el comandante de tropas de la Fuerza Aérea Agustín de la Vega, y varios políticos de la oposición, entre los que se contaban el radical Miguel Ángel Zavala Ortiz, el socialista Américo Ghioldi, Jaime Mejía, Mario Amadeo, Luis María de Pablo Pardo –que sería Ministro del Interior de la dictadura de Eduardo Lonardi–, Adolfo Vicchi –embajador en los Estados Unidos durante la dictadura de Pedro E. Aramburu– y Alberto Benegas Lynch.

Tras una cuidadosa planificación (desde Montevideo) de la masacre, llegó el día que enlutó a la Patria. El 16 de junio de 1955, a las 12.40, una escuadra de treinta aviones de la Marina de Guerra argentina, la mayoría de los cuales estaban identificados con una cruz y la consigna “Cristo vence”, dio inicio al bombardeo y ametrallamiento de la zona de Plaza de Mayo y el edificio de la CGT. En la Plaza se realizaba una movilización de apoyo al gobierno democrático, salvajemente cuestionado por la oposición, que fue masacrada sin piedad. Entre las víctimas se contaron también transeúntes y hasta un micro escolar lleno de niños procedentes de la provincia de San Juan en excusión educativa. No había viso de contemplación alguna entre los irracionales agresores, que fueron respaldados por la acción de algunas unidades del Ejército por vía terrestre.

El bautismo de fuego de la Fuerza Aérea argentina se produjo exterminando a su propio pueblo. Los combates continuaron durante varias horas, hasta que finalmente la situación fue controlada. Pero la decisión oficial de evitar acciones coactivas contra los responsables y participantes de la acción criminal terminó alentando las acciones conspirativas, que terminaron derrocando al gobierno democrático el 16 de septiembre de ese mismo año.

El bombardeo de Plaza de Mayo tuvo como objetivo asesinar a Perón y al resto de su gabinete, a través de una acción ejemplificadora y disciplina dora que amedrentara a la sociedad argentina, para reponer el orden imperante previo a 1943. Su aspiración era aún más ambiciosa: borrar de la faz de la Tierra al peronismo y a la democracia plebeya. Sin embargo, pese al éxito provisorio del golpe de Estado del mes de septiembre, terminó generando el efecto inverso, ya que propició el nacimiento de la Resistencia y contribuyó a alimentar la mística del peronismo.

Si bien no era la primera vez que las clases propietarias recurrían al terrorismo para imponer sus intereses y garantizar su acceso al control de las instituciones, el bombardeo de Plaza de Mayo explicitó la voluntad de esas minorías de cristalizar la grieta e instalar su tesis de que cualquier medio resultaba legítimo para garantizar su hegemonía, incluida la exterminación física y cultural de sus compatriotas que los habían terminado de definir como sus enemigos. “Hay que tener políticas activas. Hay que revalorizar nuestra historia, nuestra gesta, nuestra nación y puede ser sin violencia. En la medida que se invisibiliza el pasado aparecemos como sujetos individualizados atados a las normas del mercado y los grupos más poderosos”. “Hay que tener una comunidad organizada con una conciencia solidaria”, cerró Lettieri.

 Por: Loli Belotti