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La relación profesional entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, atraviesa uno de sus momentos más delicados. Después de más de quince años de trabajo conjunto, la cantante busca recuperar el control sobre los ingresos y las estructuras societarias vinculadas con su carrera artística, mientras una auditoría privada puso bajo la lupa la administración de su patrimonio.
El conflicto tomó una nueva dimensión luego de que los abogados de la artista confirmaran que Tini no tendría participación accionaria ni control sobre las sociedades que concentran parte de los ingresos generados por su música, su imagen y sus contratos comerciales. A partir de esa situación, comenzó una negociación para reorganizar el patrimonio construido durante años y poner fin al esquema de representación que había funcionado hasta ahora.
En medio de la repercusión que generó el caso, el abogado penalista Leonardo Sigal analizó cuáles podrían ser las consecuencias judiciales si una investigación oficial comprobara que existieron maniobras perjudiciales para la cantante.
Según explicó el especialista, el punto de partida debe ubicarse en los primeros años de la carrera de Tini. Cuando la artista todavía era menor de edad, su padre podía intervenir legalmente en determinados contratos y asumir la administración de cuestiones vinculadas con su actividad profesional. Esa facultad, sin embargo, cambia cuando una persona alcanza la mayoría de edad.
Por eso, Sigal marcó una diferencia importante: la existencia de sociedades vinculadas a Alejandro Stoessel no constituye por sí misma una conducta delictiva. Las estructuras societarias son habituales dentro del mundo del espectáculo y pueden utilizarse para administrar contratos, derechos, ingresos y obligaciones vinculadas con una carrera artística. La cuestión central sería determinar qué ocurrió efectivamente con el dinero y con los derechos económicos de Tini.
La cantante habría solicitado una auditoría privada para conocer con precisión cómo fueron administrados durante todos estos años los recursos generados por su actividad. De acuerdo con la información difundida, una de las situaciones que llamó la atención es que los ingresos derivados de determinados contratos discográficos serían canalizados a través de una sociedad sobre la cual Tini no tendría control.
También se señaló que existen compromisos relacionados con futuros trabajos discográficos y que, según la información difundida, no habría un mecanismo que garantizara a la artista una participación directa sobre esas ganancias futuras. Otro dato que adquirió relevancia es que recién en junio de 2026 Tini habría podido acceder a una cuenta bancaria exclusivamente a su nombre, luego de la intervención de sus nuevos representantes legales.
Para Sigal, si una futura pericia judicial comprobara que la administración de esos bienes produjo un perjuicio económico para la cantante, podrían comenzar a analizarse figuras previstas en el Código Penal relacionadas con la defraudación y la administración fraudulenta.
El abogado explicó que una auditoría privada no sería suficiente para determinar la existencia de un delito. Ante una eventual denuncia, correspondería que la Justicia avance con sus propias medidas de prueba y disponga una pericia oficial para establecer qué ocurrió con los fondos, los contratos y las sociedades involucradas. Paralelamente, la representación legal de la persona que se considere perjudicada podría impulsar su propia investigación dentro del expediente.
Las figuras mencionadas por Sigal contemplan penas de entre uno y seis años de prisión. El escenario podría adquirir mayor gravedad si se determinara que existieron diferentes maniobras independientes, ya que en ese caso podrían aplicarse las reglas del concurso de delitos. El especialista advirtió que esa circunstancia podría elevar la expectativa de pena y generar consecuencias procesales más importantes para el eventual imputado.
A su vez, existe otra posible arista relacionada con las obligaciones tributarias de las sociedades. Si una investigación detectara inconsistencias o maniobras destinadas a perjudicar al Estado en materia impositiva, podrían incorporarse al análisis otros delitos vinculados con el régimen tributario.
Por el momento, se trata de hipótesis jurídicas planteadas a partir de una situación que se encuentra en pleno proceso de reorganización y que no implica que Alejandro Stoessel haya sido condenado ni que exista una resolución judicial que determine la comisión de un delito. La eventual responsabilidad penal solamente podría establecerse a partir de una investigación judicial y de pruebas que acrediten concretamente la existencia de una conducta ilícita.
Mientras tanto, Tini busca dar un paso decisivo en su vida profesional: recuperar el manejo directo de una estructura económica construida alrededor de su carrera musical desde que era adolescente. El conflicto con su padre, quien durante años estuvo estrechamente ligado a su desarrollo artístico, deja así de ser solamente una disputa familiar o empresarial y comienza a tener una dimensión legal que podría profundizarse si las investigaciones encuentran irregularidades.
La situación representa además un cambio significativo para una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional. Después de años en los que su carrera estuvo administrada bajo una estructura familiar y empresarial, Tini intenta asumir el control de sus decisiones económicas y profesionales, en un proceso que podría redefinir por completo la relación entre la cantante y su padre.
Por: María Lorena Belotti
