LateEl Gobierno nacional apeló el fallo judicial que lo obliga a implementar de manera inmediata la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La presentación, realizada el jueves 8 de octubre, abre una nueva instancia en el conflicto por los recursos destinados a las universidades públicas y traslada la controversia a la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
La decisión del Ejecutivo busca revertir la sentencia del juez federal Martín Cormick, quien declaró inconstitucional el decreto 759/2025 en el punto en que condicionaba la aplicación de la ley a la identificación de las fuentes de financiamiento y a la incorporación de las partidas correspondientes al presupuesto nacional.
El magistrado había hecho lugar a un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades y docentes. En su resolución, sostuvo que el Poder Ejecutivo no podía supeditar el cumplimiento de una norma que había sido aprobada por el Congreso y ratificada posteriormente por ambas cámaras, pese al veto presidencial.
Por ese motivo, ordenó al Estado nacional avanzar con la aplicación inmediata de la ley y adoptar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para hacerla efectiva.
El origen de la controversia se remonta a agosto de 2025, cuando el Congreso sancionó la Ley 27.795. El presidente Javier Milei la vetó, pero el Poder Legislativo insistió con su aprobación y reunió los dos tercios necesarios para rechazar el veto. Diputados tomó esa decisión el 17 de septiembre y el Senado completó el procedimiento el 2 de octubre de ese año.
Finalmente, el Gobierno promulgó la norma mediante el decreto 759/2025, publicado el 21 de octubre. Sin embargo, estableció una condición vinculada con la disponibilidad de recursos presupuestarios, lo que impidió que la ley se ejecutara en los términos reclamados por las universidades.
Desde el Ejecutivo, el argumento central es que las obligaciones de gasto deben contar con una fuente de financiamiento identificada y con las partidas presupuestarias correspondientes. Para justificar su postura, el Gobierno invocó la Ley 24.629, que establece requisitos relacionados con el financiamiento de las normas que generan nuevas erogaciones.
La Justicia, en cambio, consideró que esa condición no podía utilizarse para suspender los efectos de una ley aprobada por el Congreso con las mayorías constitucionales requeridas. Según el razonamiento del juez Cormick, el mecanismo adoptado por el Ejecutivo terminó funcionando como una forma de impedir la aplicación de una norma que ya había superado el procedimiento legislativo.
El expediente cuenta con antecedentes judiciales. En diciembre de 2025, el mismo magistrado había dictado una medida cautelar para que se aplicaran los artículos de la ley vinculados con la recomposición salarial de docentes y trabajadores no docentes y la actualización de las becas estudiantiles. La Cámara confirmó esa decisión y, el 25 de junio de 2026, la Corte Suprema dejó firme la cautelar al declarar inadmisible el recurso presentado por el Estado. Ese pronunciamiento, sin embargo, no resolvió la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad del decreto.
La disputa continuó durante septiembre de este año, cuando la Justicia intimó al Gobierno a acreditar el cumplimiento de la medida cautelar. Frente a esa exigencia, el Ejecutivo sostuvo que había avanzado mediante aumentos salariales, negociaciones paritarias y actualizaciones de las becas. Las universidades, por su parte, mantuvieron sus reclamos para que se cumpliera integralmente la legislación.
La ley contempla la actualización de los gastos de funcionamiento de las instituciones públicas de educación superior, la recomposición de los salarios docentes y no docentes, la actualización de las becas estudiantiles de acuerdo con la inflación, la convocatoria a negociaciones paritarias y la asignación de fondos para investigación. Se trata de medidas que impactan tanto en el funcionamiento cotidiano de las universidades como en los ingresos de quienes trabajan y estudian en ellas.
El conflicto también se desarrolla en un contexto de reclamos de las autoridades universitarias y de los gremios docentes y no docentes por la situación presupuestaria del sistema público. La aplicación de la ley constituye uno de los principales ejes de las demandas del sector, que exige una actualización de los recursos frente al incremento de los costos y la pérdida del poder adquisitivo de los salarios.
Con la apelación presentada por el Gobierno, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal deberá analizar los argumentos del Estado y determinar si corresponde confirmar, modificar o revocar la sentencia de primera instancia. Mientras tanto, la controversia vuelve a poner en discusión los límites de las facultades del Poder Ejecutivo para administrar el presupuesto y su obligación de cumplir con las leyes sancionadas por el Congreso.
La resolución de la Cámara será clave para determinar los próximos pasos de la disputa judicial por el financiamiento universitario. Hasta entonces, el enfrentamiento entre el Gobierno y las instituciones de educación superior continúa abierto, con consecuencias directas sobre el presupuesto, los salarios y los recursos destinados al sistema universitario público.
Por: María Lorena Belotti
