LateLa reforma de la Ley Nacional de Salud Mental quedó envuelta en nuevas dificultades en el Senado, donde el oficialismo no logró reunir las firmas necesarias para emitir un dictamen de mayoría durante la jornada del jueves. Pese a las negociaciones previas y al anuncio de un acuerdo con sectores dialoguistas, las diferencias entre los bloques aliados volvieron a poner en duda la posibilidad de llevar la iniciativa al recinto en el corto plazo.
El proyecto impulsado por el Gobierno nacional busca modificar aspectos centrales de la normativa vigente, sancionada en 2010. Sin embargo, las modificaciones propuestas generaron debates sobre los criterios de atención, el rol de los profesionales de la salud, las internaciones involuntarias y las responsabilidades financieras del Estado nacional y las provincias.
Las comisiones de Salud y de Legislación General de la Cámara alta avanzaron en las conversaciones para alcanzar un texto consensuado, pero las disidencias de algunos legisladores y la ausencia de las firmas necesarias impidieron cerrar el trámite parlamentario. Desde La Libertad Avanza confiaban en conseguir los respaldos pendientes, aunque el calendario legislativo comenzó a convertirse en un obstáculo.
La falta de dictamen dentro de los plazos previstos complicaría la posibilidad de debatir la reforma en el recinto la semana siguiente. Para habilitar su tratamiento sin respetar los tiempos reglamentarios, el oficialismo necesitaría reunir una mayoría especial de dos tercios. Frente a ese escenario, también se evaluaba la alternativa de que un sector de la oposición presentara un dictamen de minoría, una estrategia que permitiría intentar destrabar el procedimiento parlamentario.
Uno de los principales cambios que propone la iniciativa está relacionado con el abordaje de los pacientes y la participación de los profesionales en las decisiones clínicas. El texto otorga un lugar destacado a los médicos, especialmente a los psiquiatras, en determinadas evaluaciones, aunque mantiene la participación de psicólogos dentro de los equipos interdisciplinarios.
La discusión sobre las internaciones involuntarias constituye otro de los puntos sensibles de la reforma. La propuesta contempla que estas situaciones sean notificadas a la Justicia, pero sin que un juez deba intervenir previamente para autorizar la internación. El objetivo planteado por sus impulsores es modificar los procedimientos de intervención en situaciones complejas, mientras persisten los interrogantes sobre las garantías y los mecanismos de control que deberán aplicarse.
En paralelo, el proyecto incorpora una definición más amplia de las adicciones, que incluiría problemáticas como la ludopatía, y establece disposiciones específicas para la atención de niños y adolescentes. En estos casos, se contemplan equipos especializados, el derecho a ser escuchados, la confidencialidad y el respeto por la autonomía progresiva de los menores de edad.
La iniciativa también mantiene la prohibición de los manicomios y de las prácticas asociadas a ese modelo de atención. En su lugar, contempla distintas modalidades de asistencia, como tratamientos ambulatorios y domiciliarios, hospitales de día, casas de convivencia y dispositivos comunitarios. Además, incorpora planes de egreso y seguimiento para las personas que atraviesen internaciones prolongadas, con el propósito de facilitar su reintegración social.
Otro aspecto relevante es el reconocimiento de las directivas anticipadas en salud mental. Esta herramienta permitiría que las personas expresen previamente su consentimiento o rechazo a determinados tratamientos y designen representantes para los casos en que no puedan manifestar su voluntad. El proyecto también establece que los trabajadores involucrados en la atención deberán contar con capacitación permanente.
Sin embargo, uno de los puntos que más peso tuvo en las negociaciones fue el financiamiento. La propuesta contempla restablecer la cooperación técnica, económica y financiera de la Nación con las provincias para la aplicación de la ley. Este compromiso fue clave para acercar posiciones con algunos sectores, aunque no resultó suficiente para garantizar el acompañamiento unánime de los bloques aliados.
Durante el debate, el senador Fernando Salino puso el foco en la dimensión presupuestaria del problema, mientras que la radical Gabriela Valenzuela advirtió sobre la crisis de salud mental que atraviesan las provincias. Las diferencias reflejan que la discusión no se limita a los criterios médicos o legales, sino que también involucra los recursos necesarios para sostener los servicios de atención en todo el país.
Desde el oficialismo, la senadora Ivanna Arrascaeta defendió la reforma al sostener que busca mejorar los aspectos de la legislación vigente que, a partir de la experiencia, demostraron necesitar cambios. En la misma línea, la legisladora Belén Monte de Oca señaló que la normativa actual había generado prejuicios en torno a las personas que atraviesan problemas de salud mental o adicciones.
El desafío para el Gobierno será transformar los acuerdos anunciados en respaldos parlamentarios concretos. Mientras continúan las negociaciones, la reforma permanece condicionada por las diferencias políticas y por la necesidad de alcanzar consensos sobre una cuestión que involucra derechos fundamentales, responsabilidades estatales y el funcionamiento del sistema sanitario.
La demora en las firmas dejó en evidencia las dificultades del oficialismo para avanzar con una iniciativa que considera prioritaria. El futuro inmediato del proyecto dependerá de su capacidad para resolver las objeciones de los aliados y reunir las adhesiones necesarias para que la discusión pueda continuar en el Congreso.
Por María Lorena Belotti
