LateUn nuevo conflicto entre el Gobierno nacional y las organizaciones sindicales se encamina a los tribunales por el financiamiento de las obras sociales. Un grupo de aproximadamente 50 gremios prepara una presentación judicial para reclamar la liberación de $688 mil millones que, según sostienen, deben destinarse a cubrir gastos y prestaciones del sistema de salud sindical.
La iniciativa es impulsada por el dirigente gastronómico Luis Barrionuevo y cuenta con el respaldo de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Capital y del Sindicato de Comercio, conducido por Armando Cavalieri. La denuncia apuntará contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por un presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público, a raíz de la falta de disponibilidad de los recursos reclamados. La responsabilidad que se le atribuye forma parte del planteo que los gremios llevarán ante la Justicia y deberá ser evaluada en ese ámbito.
El monto total reclamado se divide en dos partidas. La primera ronda los $288 mil millones y corresponde al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), cuyos recursos se utilizan para financiar reintegros a las obras sociales por determinadas prestaciones médicas. Según la información difundida sobre el reclamo, parte de ese dinero se encuentra depositada en un plazo fijo en el Banco Nación y su valor se incrementó con los rendimientos financieros.
El segundo componente asciende a unos $400 mil millones y está relacionado con recursos vinculados al Fondo de Emergencia y Asistencia de los Agentes del Seguro de Salud. Ese dinero tiene su origen en un acuerdo de pago alcanzado con la empresa de medicina prepaga OSDE, en el marco de una controversia por aportes correspondientes a afiliados voluntarios. Los fondos quedaron incorporados a mecanismos estatales destinados a financiar el sistema sanitario.
La decisión de avanzar por la vía judicial se tomó durante una reunión encabezada por Barrionuevo en la sede del Sindicato de Obreros de Maestranza. Entre los respaldos mencionados se encuentra el de OSECAC, la obra social administrada por el Sindicato de Comercio, que cuenta con alrededor de 1,2 millones de beneficiarios y representa uno de los actores de mayor dimensión dentro de la cobertura médica sindical.
Además de reclamar la restitución del dinero, los gremios pretenden que el Gobierno actualice los valores del nomenclador utilizado para calcular los reintegros por medicamentos. Según las entidades sindicales, los montos de referencia permanecen sin una actualización suficiente desde hace aproximadamente tres años, una situación que, aseguran, les permite recuperar apenas una pequeña parte de los costos que deben afrontar.
La disputa se produce en un contexto de dificultades financieras para las obras sociales, que deben responder al incremento de los gastos médicos, los medicamentos de alto costo y las prestaciones de mayor complejidad. A estas obligaciones se suman las erogaciones vinculadas con la discapacidad, que representan una presión significativa sobre los recursos disponibles.
La Confederación General del Trabajo (CGT) también mantuvo encuentros con el ministro de Salud, Mario Lugones, para analizar alternativas frente a la situación. Sin embargo, según fuentes sindicales, las conversaciones no derivaron hasta el momento en una solución concreta. El avance de este grupo de gremios por una vía judicial expone, además, diferencias internas respecto de la estrategia que debe adoptar el movimiento obrero para reclamar respuestas al Ejecutivo.
Barrionuevo también manifestó su desacuerdo con la posibilidad de realizar una medida de fuerza limitada a unas pocas horas y defendió la convocatoria a un paro general de 36 horas con movilización. De esta manera, el reclamo por los fondos sanitarios se suma a una discusión más amplia entre las organizaciones gremiales y la administración de Javier Milei.
En paralelo, la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) anunció una jornada de protesta para el 16 de noviembre, con una movilización frente al Ministerio de Capital Humano. Entre sus demandas figuran la homologación de un acuerdo salarial y la entrega de las certificaciones correspondientes a las autoridades sindicales tras las elecciones internas.
La presentación judicial por los $688 mil millones abre un nuevo capítulo en la disputa por el financiamiento de la salud sindical. Mientras los gremios reclaman disponer de los recursos que consideran necesarios para sostener las prestaciones, el conflicto pone en el centro del debate el funcionamiento de los mecanismos de reintegro, la administración de los fondos y la capacidad de las obras sociales para responder a las necesidades de sus afiliados.
