
El Senado convirtió en ley el nuevo régimen de discapacidad y aseguró la actualización de las prestaciones
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El Senado de la Nación aprobó este jueves por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad, que establece un régimen permanente para el sector y pone fin al esquema de emergencia que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre. La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos y ninguno negativo, luego de un extenso debate en el que distintos bloques reclamaron garantizar el financiamiento y la continuidad de las prestaciones.
Uno de los principales puntos de la norma es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad, cuyo monto se mantiene equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio. También se conserva el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como herramienta central para acceder a los beneficios establecidos por la legislación.
La nueva normativa incorpora además la actualización automática de los aranceles correspondientes a las prestaciones destinadas a personas con discapacidad. De esta manera, el nomenclador universal y el arancel unificado permanecen vigentes y los valores deberán acompañar la evolución de los precios, con el objetivo de evitar que la inflación deteriore el financiamiento de los servicios.
Otro aspecto relevante es la posibilidad de compatibilizar la pensión con el trabajo formal. Las personas que cuenten con CUD podrán mantener el beneficio mientras tengan un empleo registrado o estén inscriptas en determinados regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La ley también garantiza el acceso a prestaciones básicas de salud a través del Programa Incluir Salud para quienes reciben pensiones vinculadas con discapacidad o invalidez laboral. Al mismo tiempo, establece mecanismos de financiamiento específicos y contempla la utilización de recursos del Tesoro Nacional cuando las partidas destinadas al área resulten insuficientes.
El texto aprobado incorpora, además, un sistema de controles y auditorías. La Secretaría Nacional de Discapacidad podrá cruzar información con organismos como ANSES, ARCA, Renaper y SINTyS para verificar el cumplimiento de los requisitos. En caso de detectar irregularidades, se prevé la posibilidad de suspender preventivamente un beneficio, aunque el procedimiento deberá contemplar la notificación al titular y mecanismos para garantizar su derecho a defensa.
La situación de los prestadores también quedó contemplada. La norma establece que el Poder Ejecutivo deberá presentar un cronograma para regularizar las deudas existentes y avanzar en su cancelación dentro de los plazos fijados por la nueva legislación. El objetivo es ordenar una problemática que durante los últimos meses generó fuertes reclamos de instituciones y profesionales que brindan servicios a personas con discapacidad.
Durante la sesión, los distintos sectores políticos coincidieron en la necesidad de reemplazar la lógica de emergencia por un sistema estable y permanente, aunque persistieron diferencias respecto del financiamiento, los controles y la implementación concreta de la norma.

Con la sanción del Senado, el proyecto quedó convertido en ley. El próximo paso será su reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, que deberá definir los mecanismos necesarios para poner en funcionamiento las distintas disposiciones. La normativa abre así una nueva etapa para el sistema de discapacidad, con el desafío de transformar los principios establecidos en la ley en prestaciones efectivas y accesibles para las personas y sus familias.
Por María Lorena Belotti



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