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title: "La Corte Suprema frenó los aumentos libres de las prepagas: deberán contar con autorización del Gobierno"
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description: "El máximo tribunal declaró inconstitucionales dos artículos del DNU 70/23 y devolvió al Estado la facultad de controlar y autorizar las modificaciones en las cuotas de la medicina privada."
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# La Corte Suprema frenó los aumentos libres de las prepagas: deberán contar con autorización del Gobierno

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que las empresas de medicina prepaga no podrán disponer libremente de nuevos aumentos en sus cuotas sin la intervención previa del Estado. El máximo tribunal declaró inconstitucionales los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, que habían eliminado las facultades estatales para controlar los valores de los planes de salud.

A partir de esta decisión, la Superintendencia de Servicios de Salud deberá recuperar las atribuciones que tenía antes de la desregulación y volver a revisar, fiscalizar y autorizar las modificaciones tarifarias solicitadas por las empresas del sector. De esta manera, los aumentos dejarán de quedar exclusivamente bajo decisión de las compañías.

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti y se convirtió en la primera declaración de inconstitucionalidad de la Corte sobre artículos del DNU 70/2023. La resolución confirmó parcialmente una sentencia de la Cámara Federal de La Plata, originada en una demanda presentada por una afiliada de Swiss Medical.

El caso comenzó a partir del incremento que sufrió la cuota de una afiliada, que registró una suba del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. En el planteo judicial se señaló que, de haberse aplicado la regulación anterior del Ministerio de Salud, el aumento correspondiente a enero de 2024 habría sido del 6,26%.

Con la decisión de la Corte, el organismo estatal vuelve a tener la responsabilidad de analizar si los incrementos solicitados por las empresas resultan razonables y si están respaldados por la evolución de sus estructuras de costos y por un cálculo adecuado de los riesgos que afronta el sistema.

Sin embargo, el fallo contiene una precisión importante: la Corte no estableció un nuevo límite automático vinculado al Índice de Precios al Consumidor. De esta manera, no significa que las cuotas queden congeladas ni que todos los futuros aumentos deban ajustarse necesariamente a la inflación. Lo que se restablece es el mecanismo de control y autorización estatal.

Uno de los principales argumentos del máximo tribunal estuvo relacionado con la utilización del decreto de necesidad y urgencia para eliminar las facultades de regulación. Los jueces consideraron que el Gobierno no había demostrado de manera suficiente la existencia de una situación excepcional que justificara quitarle al Estado el control sobre las tarifas de las empresas de medicina prepaga.

Para la Corte, mencionar de manera general una crisis del sistema sanitario o la necesidad de incrementar la competencia no alcanza para justificar una medida de semejante alcance. El Poder Ejecutivo debía acreditar una relación concreta entre la emergencia invocada y la necesidad urgente de eliminar las facultades de fiscalización estatal.

El tribunal también recordó que el uso de los decretos de necesidad y urgencia constituye una herramienta excepcional y que no puede utilizarse simplemente para evitar el tratamiento de una cuestión por parte del Congreso cuando no existen las circunstancias extraordinarias que exige la Constitución.

La resolución puede tener además consecuencias sobre numerosos expedientes judiciales que se encuentran en trámite. Según la información difundida sobre el fallo, existen alrededor de 500 causas similares pendientes de resolución, además de otros reclamos iniciados por afiliados en distintos tribunales del país.

La Corte dejó expresamente establecido que su decisión alcanza a los artículos 267 y 269 del DNU 70/23 y que no constituye un pronunciamiento sobre la constitucionalidad del resto de las disposiciones incluidas en ese decreto.

El nuevo escenario implica, en definitiva, un cambio relevante para millones de personas que utilizan servicios de medicina prepaga: las empresas recuperarán la posibilidad de solicitar actualizaciones de sus cuotas, pero esos incrementos deberán pasar nuevamente por la instancia de revisión y autorización de la Superintendencia de Servicios de Salud antes de ser aplicados.

Por María Lorena Belotti

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