Violencia en Río de Janeiro: al menos 60 muertos en operativos policiales contra el crimen organizado

Una gigantesca ofensiva de más de 2.500 agentes, helicópteros y blindados tomó los complejos de favelas Complexo do Alemão y Penha, en el norte de Río de Janeiro, con el objetivo de desarticular a la banda criminal Comando Vermelho. Al cierre de la primera jornada se contabilizaban 64 fallecidos —entre ellos cuatro policías—, más de 80 detenidos y un debate abierto sobre los límites del uso de la fuerza estatal en zonas densamente pobladas.

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Río de Janeiro amaneció convertida en escenario de enfrentamientos abiertos: helicópteros sobrevolaron los distritos de Penha y Alemão antes del amanecer; vehículos blindados rompieron barricadas de neumáticos incendiados; drones rastreaban movimientos en callejones estrechos; y más de 2.500 agentes desplegados avanzaron en lo que las autoridades calificaron como una «guerra» contra el crimen. 

La operación tenía como blanco principal a Edgar Alves de Andrade, alias “Doca” o “Urso”, señalado como jefe regional del Comando Vermelho en las favelas del norte de la ciudad. Nacido en Paraíba en 1970, acumula decenas de causas por homicidio, tráfico de drogas, tortura y asociación criminal, y habría coordinado la expansión del grupo hacia nuevas zonas. 

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El saldo provisional es estremecedor: 64 muertos según el cierre de la jornada (aunque oficialmente se habla de “al menos 60” muertos), incluidos cuatro policías, y más de 80 detenidos. Las fuerzas de seguridad incautaron 42 fusiles de alto calibre, movilizaron una treintena de blindados, dos helicópteros, drones de reconocimiento y ataque, y diez vehículos de demolición para abrir paso en rutas obstruidas. 

El escenario fue una favela que vi­vió escenas propias de un conflicto bélico: ráfagas de disparos, granadas lanzadas desde drones, interrupción de servicios públicos que afectó a más de 200.000 personas, suspensión de clases en 45 centros educativos y alteraciones en el transporte público. 

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El gobierno del estado de Río, liderado por el gobernador Cláudio Castro, calificó la acción como un enfrentamiento “en solitario” del Estado contra el narcotráfico, que —según sus palabras— dispone de armas e infraestructura internacional. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos alertan sobre los riesgos de la operación: cifras de letalidad policial, detenciones arbitrarias y denuncias históricas de ejecuciones extrajudiciales ponen en entredicho los métodos utilizados. 

El complejo del norte de la ciudad ha sido identificado por la Fiscalía como un punto estratégico del narcotráfico: su cercanía a autopistas y rutas logísticas lo convierte en elemento clave del control territorial que ejerce el Comando Vermelho. 

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El peso simbólico de la operación es enorme: según el director del observatorio World of Crime, esta fue una de las acciones más letales contra grupos criminales en la historia de la ciudad, y pone nuevamente en primer plano la tensión entre el combate al crimen organizado y la garantía de derechos en los barrios. 

Para los analistas, el desafío ahora será doble: capturar a los cabecillas, incautar armas y sostener el mensaje de fuerza estatal —y al mismo tiempo iniciar investigaciones independientes sobre los excesos, reconstruir tejido social en zonas abandonadas y frenar la violencia residual que surge tras los operativos de alto impacto. Hasta ahora, la estadística en Río de Janeiro alcanza cifras alarmantes: en 2024 murieron alrededor de 700 personas en intervenciones policiales, lo que da cuenta de una tasa cercana a dos muertes por día. Este martes se sumaron 64 más. 

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En conclusión: la ofensiva en Alemão y Penha entra en la cuenta como un hito en la lucha contra el crimen organizado en Brasil, pero también como una advertencia de los costos —humanos, sociales y éticos— que conlleva un modelo eminentemente militarizado en territorios donde el Estado ha sido históricamente débil.

Por: María Lorena Belotti

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