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En una sesión que duró varias horas y que evidenció un intenso debate político y social, la iniciativa impulsada desde el oficialismo y articulada por la ministra de Seguridad obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones, gracias al respaldo de bloques como La Libertad Avanza, PRO, UCR, Provincias Unidas, MID y otras fuerzas provinciales. La propuesta —que formó parte de la agenda legislativa del Gobierno tras la aprobación de otras reformas clave en el Congreso— plantea que adolescentes de 14 y 15 años puedan ser imputados penalmente y sujetarse a penas de hasta 15 años de prisión en casos de delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.
El debate traspasó el ámbito parlamentario y se vivió también en las tribunas del recinto, donde familiares de víctimas de delitos cometidos por menores estuvieron presentes y expresaron que la medida era “necesaria” para dar respuesta a hechos de violencia que impactan en distintas comunidades.
Desde el oficialismo se resaltó que la reforma no solo baja la edad de imputabilidad, sino que incluye penas alternativas para infracciones menos graves, la creación de institutos especiales para menores condenados con educación y atención médica especializada, y un reconocimiento expreso de los derechos de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. Por su parte, sectores de la oposición criticaron el proyecto por considerar que no aborda de manera integral las causas de la delincuencia juvenil y que debería enfocarse en políticas de prevención social, educación y salud.
Con la media sanción obtenida en Diputados, la iniciativa ahora pasa al Senado, donde el oficialismo buscará asegurar su aprobación definitiva antes de que concluyan las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo.
Por: María Lorena Belotti
