Desde las 18, la vicepresidenta Victoria Villarruel se reúne este lunes en labor parlamentaria con los jefes de bloques para organizar el debate de la Ley Bases y el paquete fiscal.

Este miércoles a partir de las 10 se tratarán en el recinto de la Cámara alta los dos proyectos impulsados por el Gobierno que, en caso de que el oficialismo logre su aprobación, volverán con modificaciones a Diputados.

“Será una sesión larga porque la ley así lo amerita”, dijo en diálogo con Nuestra Tarde (TN) Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado. Asimismo, se mostró confiado, pero prudente sobre el resultado.

“Desde el oficialismo estamos con optimismo. Vamos a tener el apoyo de los senadores de manera suficiente para obtener un resultado favorable. Sabemos que el apoyo es exiguo y justito, pero estamos tranquilos esperando el miércoles. Estamos confiados. El diálogo sigue, la ley se termina resolviendo en el recinto. No solo por lo general, sino por lo particular. Tiene más de 40 modificaciones menores, que no hacen perder la esencia, pero hay que aprobarlas”, sostuvo.

Sobre la negociación con los otros bloques y los posibles cambios que quieran imponer, dijo: “Tenemos un ideal de esquema de país, de equilibrio fiscal y de desregulación, vamos a seguir hablando en tanto que nuestro ideario no se vea perjudicado. Sabemos que es una ley amplia y hay cosas que hay que dialogar”.

Se espera que en la reunión de labor parlamentaria se estipulen cuántas horas de debate podrían llevar ambos proyectos y se defina cómo será la votación en particular. En la Cámara baja se había realizado por capítulos.

El proyecto finalmente quedó con 232 artículos, sumado a los 112 pertenecientes a las medidas fiscales. El original tuvo una serie de modificaciones y consiguió dictamen de mayoría en las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales, con apoyo del radicalismo, el PRO y Hacemos Coalición Federal (HCF).

En busca de la aprobación de la primera Ley de la era Milei

El Gobierno reclama la Ley Bases para desregular la economía y atraer inversiones, introducir cambios en las normas laborales y poner en venta algunas empresas del Estado, como Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Radio y Televisión Argentina, Intercargo, Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa) y Correo Argentino, entre otros.

La base principal de este proyecto se encuentra en las delegaciones extraordinarias al Poder Ejecutivo para la cual se solicita declarar la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año.

Otro de los puntos principales se encuentra en la reforma laboral en la que se extiende el período de prueba a seis meses, se eliminan multas por trabajo no registrado y se crea un fondo de cese laboral para indemnizaciones que será opcional por convenio colectivo. También se incluye la posibilidad de contratar un seguro.

Además, el Gobierno plantea la derogación de la moratoria previsional aprobada durante el mandato de Alberto Fernández y se establece la creación de la Prestación de Retiro Proporcional en el que las personas que no alcanzan a cumplir los 30 años de aporte, cuando lleguen a los 65 años -cuando empieza a cobrarse la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)- también cobren un proporcional por los años que aportaron.

También se busca reestablecer el cobro del impuesto a las Ganancias (que fue quitado por el gobierno anterior durante a campaña presidencial). La idea es que comience a pagarse a partir de un sueldo de $1.800.000 en el caso de solteros y de $2,2 millones para casados.

Con respecto al Monotributo, se quiere actualizar los topes de facturación y cuotas, en las que se establecerían sumas de entre 300% y 330%. Se reduce el piso a partir del cual se empiezan a pagar Bienes Personales y se disminuye en las alícuotas.