Late
La Cámara de Diputados atraviesa horas decisivas en torno al tratamiento del Presupuesto 2026, un proyecto central para el Gobierno nacional que abrió un fuerte frente de conflicto político y social. En el centro del debate se encuentra un artículo que propone derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad y la Ley de Financiamiento Universitario, dos normas aprobadas recientemente por el Congreso y que garantizan recursos para sectores considerados estratégicos y vulnerables.
La iniciativa impulsada por el oficialismo se incorporó al dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y generó un inmediato rechazo de la oposición y de múltiples organizaciones sociales, educativas y de derechos humanos. El planteo del Gobierno se enmarca en su política de ajuste del gasto público y de búsqueda del equilibrio fiscal, aunque sus detractores advierten que la medida implicaría un retroceso en derechos adquiridos.
Uno de los puntos más cuestionados es que ambas leyes habían sido sancionadas con amplio respaldo parlamentario, incluso luego de vetos presidenciales. Para la oposición, la derogación a través del Presupuesto constituye una maniobra que elude el debate específico de cada norma y desconoce la voluntad expresada por el Congreso.
El clima en el recinto fue de alta tensión. El oficialismo logró avanzar con una modalidad de votación por títulos, lo que dificulta el rechazo puntual de artículos polémicos, mientras negocia apoyos con bloques aliados y sectores provinciales para asegurar los votos necesarios. Desde la oposición, en tanto, reclaman que la derogación sea tratada de manera separada y anticipan que darán pelea hasta el final de la sesión.
Las reacciones no tardaron en trasladarse fuera del Congreso. Organizaciones que representan a personas con discapacidad alertaron que la eliminación de la emergencia comprometería prestaciones, tratamientos y servicios esenciales. En el ámbito universitario, rectores, docentes y estudiantes advirtieron que la derogación del financiamiento agravaría la crisis presupuestaria que atraviesan las casas de estudio, con impacto directo en salarios, becas e infraestructura.
Con posiciones enfrentadas y negociaciones abiertas, el desenlace del debate permanece incierto. Mientras el Gobierno defiende la medida como parte de su plan económico, amplios sectores políticos y sociales sostienen que el ajuste no puede avanzar sobre áreas sensibles. El tratamiento del Presupuesto 2026, y en particular de estos artículos, se perfila así como uno de los capítulos más complejos y disputados del actual período legislativo. Por: María Lorena Belotti
