Tras la presentación que hizo este lunes el Gobierno ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de los derechos humanos en el país, en la que cuestionó a jueces y fiscales, los Estados miembros de esta institución acordaron una serie de recomendaciones entre las cuales se le pidió a la Argentina que “asegure la plena independencia del Poder Judicial”.

La exposición, realizada en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, incluyó una descripción de la democracia con un sesgo netamente kirchnerista, como se esperaba a partir de los trascendidos previos.

“Las estrategias de persecución, cuya finalidad última es la proscripción de figuras centrales del escenario político, son ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al ex presidente, tanto en su residencia oficial como en sus residencias privadas, lo que demuestra la espuria convivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento que afecta los principios democráticos de nuestro país, en especial aquellos que hacen a la independencia e imparcialidad con la que deben actuar el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos”, sostuvo el funcionario en ese encuentro.

Luego de estas palabras, la propia ONU resumió en sus redes sociales los principales puntos que se mencionaron en ese informe y, además, las conclusiones que sacaron los otros países, que escucharon la presentación a través de sus respectivos representantes.

En este sentido, el organismo internacional precisó, a través de una serie de mensajes que publicó en su cuenta oficial de Twitter, que los Estados le recomendaron a la Argentina, entre otras cosas, que ”asegure la plena independencia del Poder Judicial y de los fiscales”.

Las declaraciones de Pietragalla se dieron en medio de la iniciativa del oficialismo para impulsar el juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que también busca modificar para ampliar su número de integrantes.

Por otra parte, los países de la ONU remarcaron la necesidad de que el Gobierno “designe un Defensor del Pueblo nacional” y avance con cuestiones como garantizar los “derechos de los pueblos indígenas”, la “asistencia a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo” y el combate a “la discriminación contra personas LGBTIQ+”.

También le aconsejó, por ejemplo, que “mejore las condiciones en las prisiones”, que “garantice la legalidad en el uso de la fuerza e investigue su uso excesivo por parte de las fuerzas policiales”, que “prosiga sus esfuerzos para erradicar la pobreza”, que “garantice el acceso a una educación de calidad para todos”, que “aborde las disparidades en el sistema de salud” y que “armonice su legislación sobre personas con discapacidad”.

Por último, le pidió que “continúe sus esfuerzos para combatir la violencia de género”, “proporcione representación legal gratuita para víctimas de violencia de género” y “asegure implementación del acceso al aborto legal, especialmente en zonas rurales”.

Durante su exposición, Pietragalla también habló de supuestos “discursos del odio” que ocurren en Argentina y que “culminaron con el intento de magnicidio de la actual Vicepresidenta de la Nación, y dos veces Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner”.

“Estos postulados se advierten de modo creciente en diversos espacios políticos, en medios masivos de comunicación y en redes sociales. Se trata de una problemática compleja que constituye una preocupación a nivel internacional”, argumentó.

Para el funcionario, “la persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente, en tanto integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal siguen llevando adelante procesos penales fraudulentos contra las principales figuras políticas del actual oficialismo, otrora oposición al gobierno de la anterior gestión”.

Por otro lado, los países de la ONU también elogiaron algunas medidas de la actual gestión, como “sus esfuerzos por la memoria, la verdad, la justicia y la reparación de los crímenes de lesa humanidad” y “adoptar un plan de acción nacional para combatir la violencia de género y una ley de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo”.

En este sentido, también celebraron la decisión de crear el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, y de “aprobar una ley nacional para garantizar una educación igualitaria y de calidad”, además de “combatir el cambio climático”.

Fuente: Infobae